Respuesta
Son aquellas actuaciones dentro del proceso penal (particularmente en la investigación de delitos) que implican una afectación, restricción o limitación de derechos fundamentales de las personas, como la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, la libertad personal, entre otros. Por su especial gravedad, la ley exige que estas diligencias sean autorizadas y controladas por el juez de garantía, en el marco del control jurisdiccional de la investigación.