Respuesta
La diferencia principal es que el imputado privado de libertad tiene, además de los derechos de cualquier imputado, ciertas garantías adicionales orientadas a proteger su situación de vulnerabilidad por la privación de libertad (como comunicación con su defensor y familiares, control judicial de la detención, y condiciones dignas de reclusión). No obstante, la privación de libertad no puede afectar el ejercicio de sus derechos fundamentales y de defensa en el proceso penal.