Respuesta

Es un privilegio procesal establecido por la ley que consiste en la prerrogativa de ciertas personas, en razón de su cargo, dignidad o calidad, para ser juzgadas en primera instancia por tribunales distintos o superiores a los ordinarios que conocerían del caso si no existiera dicha calidad. Su finalidad es proteger la función o investidura de determinadas autoridades, como parlamentarios, jueces, ministros de Estado, entre otros, asegurando que los procesos en que estén involucrados sean tramitados ante órganos judiciales de mayor jerarquía o especialidad, sin que ello implique impunidad, sino una garantía de imparcialidad y respeto institucional.