Respuesta

Establece que la sentencia extranjera debe haber sido dictada conforme a las normas esenciales del debido proceso y a las leyes procesales del país de origen, y que su reconocimiento no debe contrariar el orden público chileno. Esto implica revisar que el procedimiento seguido en el extranjero fue regular y respetó garantías mínimas, y que la sentencia no sea incompatible con principios fundamentales del derecho chileno.