Respuesta

Consiste en la prohibición de que el tribunal de alzada empeore la situación del apelante respecto de la resolución apelada, es decir, que al resolver el recurso de apelación, el tribunal superior no puede dictar una sentencia que agrave la posición jurídica del recurrente, dejándolo en una situación peor de la que tenía con la sentencia de primera instancia.