Respuesta

Es el derecho que la ley otorga a los acreedores para dejar sin efecto (revocar) los actos jurídicos realizados por el deudor en fraude de sus derechos. Es decir, permite a los acreedores impugnar judicialmente aquellos actos ejecutados por el deudor que, siendo realizados con dolo o mala fe, tienen por finalidad disminuir su patrimonio y así perjudicar la posibilidad de los acreedores de cobrar sus créditos.